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la Knéset (Parlamento israelí) aprobó en su tercera y última lectura una ley que establece la pena de muerte para personas condenadas por ataques terroristas mortales cometidos con motivaciones nacionalistas.
La medida, impulsada por sectores de la ultraderecha del gobierno de Benjamin Netanyahu, ha sido calificada como "discriminatoria de facto" por organizaciones de derechos humanos y la comunidad internacional.
La norma está diseñada para aplicarse predominantemente a palestinos de Cisjordania y residentes en Israel, ya que se enfoca en ataques que busquen "negar la existencia del Estado de Israel".
Se establece el ahorcamiento como el método para llevar a cabo la sentencia.
Las ejecuciones deben realizarse en un plazo de 90 días tras la sentencia, con una posible prórroga de hasta 180 días.
En tribunales militares, la sentencia no requerirá una decisión unánime de los jueces, bastando una mayoría simple.
La ley elimina el derecho de apelación para estos casos específicos
La ley fue aprobada con 62 votos a favor, 48 en contra y una abstención.
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