En un contexto de creciente preocupación por la privatización de áreas costeras, Fernandez (edil  FA) ha decidido emprender una serie de acciones para abordar la situación del fraccionamiento de Punta Artilleros, llevado a cabo por el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, junto con el Catastro Nacional. Este fraccionamiento incluye parcelas marítimas de cinco hectáreas cada una y alcanza hasta la línea costera, generando descontento entre la población local y alertando sobre posibles irregularidades administrativas.
 

Se ha solicitado formalmente al Ministerio de Ganadería/Agricultura y Pesca que realice una revisión oficial del fraccionamiento de Punta Artilleros. En este sentido, se pide que se elabore un informe detallado sobre la aplicación de la franja de 150 metros de ribera, cuya normativa parece no haberse aplicado adecuadamente, y que se investiguen posibles errores administrativos que podrían afectar a la administración del territorio.

El edil ha tomado la iniciativa de coordinar un mecanismo de intercambio de información entre el Ministerio y la Intendencia de Colonia. Este proceso tiene como objetivo verificar si el fraccionamiento pasó por el control local correspondiente y por qué no se aplicaron las normativas vigentes. Este paso es crucial para esclarecer la falta de supervisión en el manejo del territorio costero.

La situación en Punta Artilleros ha suscitado una fuerte inquietud política y social. La entrega de costas a manos privadas ha dejado a muchas familias, incluyendo una colonia de pescadores de larga data, en una situación incierta. Estas familias de pescadores, que han estado arraigadas en la zona por más de 60 años, enfrentan el desalojo tras instancias judiciales, lo que resalta la necesidad de una intervención urgente.

La defensa de la costa es un tema de todos y requiere un compromiso conjunto para asegurar que el manejo territorial se realice con justicia y respeto por las comunidades que han habitado estas tierras por generaciones.