Las autoridades se encuentran trabajando en el análisis e investigación de distintas situaciones registradas en los últimos días en varios centros educativos, que implican amenazas difundidas a través de redes sociales y otros medios.

Desde el Ministerio del Interior se recuerda que este tipo de conductas son sancionables penalmente y se solicita a padres y referentes a supervisar el uso de herramientas digitales y canalizar cualquier información a través de los medios oficiales.

En ese sentido, el Director de la Policía Nacional informó que algunos de los adolescentes que participaron en estas amenazas ya han sido identificados y puestos a disposición de la Fiscalía competente. Ya se han rtegistrado casos en los que se determinó la intervención del Inau (Instituto del Niño y adolescente del Uruguay) e incluso condenas judiciales por infracción.

Trabajo con la comunidad

El Director de la Policía Nacional señaló que la Policía Comunitaria Orientada a Problemas (PCOP) de cada departamento está interviniendo en los centros educativos, con el objetivo de colaborar con las autoridades y contribuir a encauzar la situación.

Las autoridades dispudieron actuaciones policiales inmediatas, en coordinación con las autoridades educativas, a efectos de verificar la veracidad de los hechos, identificar a los responsables y garantizar la seguridad de estudiantes, docentes y personal.
 

Avances en las investigaciones

Por su parte, el Director de Investigaciones detalló que se realiza un monitoreo a nivel nacional de las denuncias registradas, así como de su evolución y grado de esclarecimiento.

A su vez, indicó que la Policía Nacional cuenta con las herramientas de análisis e inteligencia necesarias para abordar estas situaciones, destacando el trabajo de Policía Científica y de la Dirección Nacional de Cibercrimen, que se encuentran recabando información relevante para dar continuidad a las investigaciones.

El Ministerio del Interior recuerda que las amenazas de bomba y violencia, como otras conductas similares, resultan sancionables, ya que atentan con la seguridad privada de las personas, además de perturbar el funcionamiento de los centros de enseñanza, y generar alarma pública.