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El senador Carlos Camy del Partido Nacional propuso reabrir el debate sobre la habilitación de los allanamientos nocturnos en Uruguay, sugiriendo un nuevo plebiscito dos o tres años antes de las elecciones de 2029 para evitar la influencia electoral y permitir una implementación inmediata si se aprueba. 

La iniciativa se impulsaría por el literal D del artículo 331 de la Constitución, requiriendo el apoyo de dos tercios de la Asamblea General y permitiendo fijar una fecha específica para la consulta popular. Camy fue encargado por Alianza País de iniciar negociaciones con todas las fuerzas políticas, comenzando con el secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez. 

La propuesta surge tras el fracaso del plebiscito de octubre de 2024 y enfrenta críticas de la oposición, que la considera oportunista.