El martes 1 de septiembre, el horror de la violencia patriarcal irrumpió en las aulas de la Facultad de Medicina de la Universidad de la República (Udelar). En el edificio anexo ex-Alpargatas, una estudiante de 19 años fue víctima de un brutal intento de femicidio tras ser atacada con un arma blanca por un compañero de clase de su misma edad, quien ya acumulaba denuncias previas por violencia y acoso sexual desde su etapa liceal.

El agresor ingresó al salón armado con un cuchillo de cocina y guantes de látex, perpetrando un ataque premeditado que dejó a la joven con múltiples heridas de gravedad en el cuello, el rostro y el abdomen. Testigos del entorno escolar confirmaron que el atacante sostenía una conducta persecutoria y obsesiva hacia la víctima, quien sistemáticamente había rechazado sus insinuaciones. Gracias a la rápida intervención de sus compañeros, el agresor fue retenido y la estudiante trasladada a un centro de salud, donde afortunadamente se encuentra fuera de peligro.

La respuesta estudiantil: "No es un hecho aislado"

El intento de femicidio encendió las alarmas y la indignación de la comunidad educativa. La Asociación de Estudiantes de Medicina (AEM) decretó un paro de 24 horas este miércoles 2 de septiembre, movilizándose de forma masiva hacia el Palacio Legislativo bajo consignas que exigen entornos educativos seguros y libres de violencia de género. Las protestas y asambleas permanentes se extendieron rápidamente a otros centros de la Udelar en todo el país.

Desde los gremios estudiantiles se lanzó una dura crítica a las autoridades universitarias, acusándolas de intentar "minimizar" el ataque al catalogarlo como un "episodio aislado" o una problemática estrictamente de salud mental, omitiendo la raíz estructural de la violencia machista. Las estudiantes denuncian la falta de protocolos de protección efectivos y la desatención histórica ante las alertas de acoso en los ámbitos educativos.

Por su parte, el agresor fue internado en una clínica psiquiátrica y permanece bajo custodia policial a la espera de sus declaraciones ante la Fiscalía. El caso reabrió el debate urgente sobre la impunidad de los agresores y la falta de presupuesto real para la aplicación de la Ley de Violencia Hacia las Mujeres Basada en Género, en un contexto donde el propio Estado reconoce que los recursos actuales resultan insuficientes para proteger la vida de las mujeres.