La mañana en Bogotá es fría, pero para María Consuelo Córdoba el invierno es eterno. Tiene 58 años, nació en el Chocó y lleva más de un cuarto de siglo habitando un cuerpo convertido en trinchera. En el año 2000, el machismo más atroz tomó la forma de un frasco de ácido. Su entonces esposo, incapaz de aceptar un "no" como respuesta, le borró las facciones y pretendió arrebatarle la identidad. No lo logró. Aunque el ataque le costó 87 cirugías reconstructivas, tres años continuos en un hospital y la condena de respirar a través de dos tubos plásticos en su nariz, la dignidad de "Consuelito" permaneció intacta.

Hoy, su rostro cubierto por una máscara artesanal para protegerse del sol recorre las calles bogotanas. No pide compasión; sobrevive vendiendo dulces o estirando la mano en el transporte público para pagar una habitación alquilada. Su historia es el fiel reflejo de un sistema que le falló dos veces. Primero, el Estado fue incapaz de protegerla y de encarcelar a su agresor, quien pasea en la impunidad total gracias a una justicia lenta y ciega ante la violencia de género. Segundo, la sociedad le dio la espalda, obligándola a la indigencia.

Cansada de un dolor físico que ningún fármaco apaga, Consuelito tomó una decisión soberana: acogerse al derecho a morir dignamente en Colombia. Sin embargo, su caso destapa otra dolorosa realidad. Aunque cuenta con la autorización legal para la eutanasia desde hace cuatro años, su espera retrata la urgencia de agilizar los tiempos judiciales y médicos en el país. El sufrimiento humano no entiende de plazos burocráticos, actas ni comités. Cada día de retraso en la garantía de una muerte digna es una extensión de la tortura.

La reciente promesa de solidaridad del empresario Arturo Calle para gestionarle una vivienda propia es un bálsamo, pero llega tarde para reparar un daño estructural. La historia de María Consuelo es un grito urgente para derrocar la cultura machista que destruye vidas y para exigir que la justicia actúe con la rapidez que el dolor humano merece. Consuelito ya no espera que el mundo cambie; solo espera el momento en que ella, y nadie más, decida descansar.

Solicitud de Eutanasia y Respuesta de la EPS

Cansada del dolor crónico y de las difíciles condiciones en las que habita, María Consuelo reiteró su voluntad de ampararse en el derecho a morir dignamente en Colombia. 

Ante el debate nacional generado, la entidad prestadora de salud Capital Salud EPS emitió un comunicado oficial aclarando su estatus legal: La EPS aclaró que la paciente ya cuenta con la autorización para la eutanasia desde hace cuatro años (concedida originalmente en el Hospital de Kennedy). Por lo tanto, no se encuentra frenada por trámites burocráticos actuales. 

La institución médica enfatizó que respeta su derecho fundamental y que la aplicación del procedimiento depende exclusivamente de la voluntad libre y el momento en que ella decida ejercerlo. Mientras tanto, aseguraron que continuarán garantizando toda la atención médica, asistencial y humana que requiera. 

El caso continúa bajo el escrutinio de la opinión pública, visibilizando la impunidad que rodea a su agresor (quien nunca fue judicializado eficazmente) y las deudas históricas del Estado en el acompañamiento integral a las víctimas de ataques con agentes químicos.