El presente informe analiza la reciente resolución judicial dictada el veintitrés de octubre de dos mil veintiséis en Montevideo Uruguay respecto al crimen ocurrido en julio del mismo año en el complejo de viviendas del Cerrito de la Victoria donde una adolescente de trece años terminó con la vida de su abuela de ochenta y un años de edad

Desde la perspectiva legal la justicia penal de adolescentes declaró a la menor responsable de una infracción gravísima a la ley penal tipificada como un delito de homicidio el cual cuenta con la concurrencia de dos agravantes específicas por un lado el agravante especial por el parentesco debido al vínculo filial directo con la víctima y por otro lado el agravante muy especial por impulso de brutal ferocidad determinado por la extrema violencia y la total desproporción de los motivos que originaron el ataque

Uno de los ejes centrales del proceso radicó en la evaluación de la salud mental de la imputada ya que los peritajes psicológicos y psiquiátricos del Instituto Técnico Forense confirmaron que la adolescente padece esquizofrenia sin embargo los especialistas concluyeron que la joven presentaba la capacidad de comprender la ilicitud de sus actos al momento del hecho lo que la volvió penalmente imputable bajo el marco del derecho penal juvenil y descartó de este modo una internación psiquiátrica permanente en un centro de salud general

En cuanto a la resolución de la causa las partes optaron por la vía del proceso simplificado un mecanismo procesal previsto en el Código de la Niñez y la Adolescencia que permitió alcanzar una sentencia rápida tras la admisión formal de la autoría de los hechos por parte de la defensa y de la propia adolescente evitando así la extensión de un juicio oral y público ordinario

Finalmente la sentencia dispuso como medida socioeducativa privativa de libertad la internación de la adolescente en las dependencias del Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente por el plazo de cinco años lo que representa la pena máxima legal aplicable para menores de edad en el ordenamiento jurídico uruguayo estableciéndose además de forma expresa la obligatoriedad de que la institución le garantice un tratamiento psiquiátrico continuo y especializado para abordar su patología de base durante todo el periodo de reclusión